La Conquista de los Recursos Naturales

Publicado el 23 Mar, 2017

A principios de enero la ciudad chubutense de El Maitén, situada en el conjunto de las Comarcas Andinas del Paralelo 42, comenzó a poblarse de gendarmes y fuerzas de seguridad antes que de turistas. El motivo no estaba claro y los rumores sugerían que podía obedecer a la marcha que se había convocado en El Bolsón para dentro de pocos días en rechazo al loteo de 850 hectáreas con el que se había favorecido al magnate Joe Lewis en aquella zona. Recién a los pocos días se hizo pública una reunión con las autoridades del hospital zonal de la ciudad en la que habían consultado por las posibilidades de recibir heridos, haciendo visible su disposición a una represión violenta.

Su objetivo estaba en el Departamento de Cushamen, donde se encontraban alrededor de 50 personas que en marzo de 2015 se organizaron para recuperar unas pocas del millón de hectáreas ocupadas por el Holding italiano en manos de Luciano Benetton. No era el primer amedrentamiento que recibían pero sí el de mayor despliegue ya que involucraba a 300 gendarmes que habían llegado desde otras regiones del país para llevar adelante una orden emitida por el juez Guido Otranto para liberar las vías del tren turístico a vapor “La Trochita”, que une las localidades de Esquel y El Maitén. A esta orden se sumó el pedido de allanamiento a raíz de una causa por abigeato, solicitado por el juez provincial José Luis Colabelli, cuya mujer es la representante del consulado italiano en Esquel, y es conocido por su desprecio manifiesto hacia los pueblos originarios. Luego este juez fue recusado y tuvo que ser apartado de la causa.

Ya en marzo y junio de 2016 habían sufrido la prepotencia de las fuerzas de seguridad provincial. En aquel invierno se hicieron presentes con la orden de detención para Facundo Jones Huala, lonko weichafé de la comunidad. Luego de llevárselo detenido hacia la ciudad de Esquel y destrozar todas las chozas que tenían, habían logrado desalojar a todas las familias quedando sólo 2 mujeres, una de ellas con su hijo de pocos meses de vida. En esa oportunidad llegaron hasta el alambrado que separa las tierras de la Ruta 40 y se resistieron a abandonar las tierras, ayudadas por las personas que al enterarse de lo que estaba sucediendo les alcanzaron alimento, colchones y frazadas para soportar el frío. Esta vez el operativo prohibió que eso se repitiera. Durante más de medio día las fuerzas de seguridad, poco afectas a interrumpir el tránsito, bloquearon el paso por la ruta nacional y otros caminos para impedir que se acercara cualquier persona a brindar su apoyo y enterarse de lo que sucedía.

Como resultado del operativo que tenía como objetivo liberar las vías – y así permitir el tránsito de La Trochita – fueron detenidos 3 integrantes de la comunidad y secuestrada la única vaca junto a sus dos terneros y todos los caballos. Fue mientras iban detrás de los animales para saber dónde los llevaban que se produjo el ataque más violento y los heridos de gravedad. La gendarmería se ocupó de hacer correr su propia versión en la que los mapuches habían ido con el supuesto objetivo de tomar un predio municipal. Quienes venían a disuadir a unos supuestos terroristas eran los que se encargaban de mantener a la población en un estado de alerta frente a amenazas inexistentes para justificar su accionar. Como producto de la represión policial en esas circunstancias, Emilio Jones tuvo que ser sometido a una operación para la reparación del maxilar el pasado 3 de febrero. Y recién el 4 de ese mes les entregaron nuevamente los caballos secuestrados hace un mes, obviamente en un estado de deterioro notorio por el encierro y la mala alimentación. Algunos días después, el 9 de febrero, los operarios conversaron con la comunidad y se pusieron de acuerdo para que La Trochita concretara el trayecto entre Esquel y El Maitén para que pudiera tener el mantenimiento necesario. Había caminos más sencillos que la violencia policial para lograrlo.

La desproporción de las partes en conflicto es a todas luces abismal. De un lado se encuentran corporaciones transnacionales con vínculos en el poder político, judicial y mediático. Frente a ellos una comunidad que decide recuperar una parte ínfima del territorio que ocupa actualmente Benneton en la zona cordillerana de la Patagonia. No es la primera vez que se realizan este tipo de inciativas. En 2007 las familias Curiñaco y Nahuelquir resolvieron retornar a sus tierras en Santa Rosa, cercanas a Estancia Leleque , y tras recibir la presión policial combinada con denuncias judiciales, Benetton tuvo que dejar de reclamar esas tierras por los hechos históricos que avalaban a los pobladores originarios, derecho que les reconoció el Estado Nacional en 2014.

En estos momentos, la comunidad tiene 24 integrantes procesados por distintas causas. La violencia no logró desplazarlos de la tierra por la que pelean y continúan dispuestos a permanecer allí. Las estrategias judiciales y la represión buscan inclinar la balanza a su favor y acallar el conflicto social. En cada paso que da el poder económico concentrado para recuperar su posición encuentra resistencia. Resistencia que será cada vez mayor si la voracidad por los recursos y la tierra encuentra en el poder político un aliado para sus intereses. Porque nunca se trató de un desierto, la conquista de la riqueza natural y productiva de la Patagonia cordillerana es lo que se quieren asegurar.