La matemática de la dependencia

La historia económica, social y política nacional encuentra su máxima síntesis en la historia de la deuda externa. Su origen se remonta a los primeros años de constitución del Estado Nacional. Su triste comienzo tuvo como protagonista a Bernardino Rivadavia. En 1824, el entonces Ministro de Hacienda de Buenos Aires, endeuda a la provincia con la banca Baring Brothers bajo el pretexto de conseguir crédito para la realización de obras de infraestructura. Las obras nunca se realizaron. Del total de la deuda acordada se giró sólo la mitad, las comisiones fueron leoninas y la deuda terminó de cancelarse casi un siglo después pagándose en total más de 5 veces el monto originario. La necesidad de endeudar al país respondía a un cambio de la matriz colonial: del modelo de colonización territorial se pasa al modelo de colonización económica y financiera. Las élites liberales triunfadoras en Caseros serían las encargadas, gobierno tras gobierno, de consolidar una dependencia neocolonial que se rompe por vez primera con Perón, quién en 1952 cancela la totalidad de la deuda externa argentina y sienta las bases para el desarrollo productivo de una nación económicamente independiente. Con la autoproclamada “Revolución Libertadora” regresa el endeudamiento sistemático y el ingreso del país al Fondo Monetario Internacional. La historia es ya por todos conocida. La dictadura militar de 1976-1983 incrementó la deuda externa argentina en un 500 %, respondiendo a la necesidad de los bancos extranjeros de encontrar en el endeudamiento compulsivo de los países emergentes un poderoso instrumento de valorización financiera para la enorme liquidez generada por la cuadriplicación del precio del crudo. Se implementó a sangre y fuego un plan sistemático de endeudamiento de las empresas públicas y se estatizó la deuda privada de grandes empresas como Pérez Compac y Techint. La dictadura eliminó los archivos de la deuda y la incipiente democracia recurrió a los propios bancos extranjeros acreedores para que sean ellos los que fijen el monto total adeudado, que finalmente será refinanciado en 1992 en el marco del plan Brady incrementándose su valor 6 veces. Con Menem la deuda se incrementó en 125 %, se privatizaron las empresas públicas aceptando como pago títulos de deuda subvaluados en los mercados financieros secundarios y se diezmó la capacidad recaudatoria del Estado privatizando el sistema de jubilaciones. Se destinaba el 7 % del PBI al pago de servicios de deuda y el país se hundía en la miseria. En el 2001 Domingo Cavallo y Federico Sturzenegger realizaron una refinanciación de la deuda, el llamado Megacanje, que incrementaba en casi 2000 millones de dólares anuales el costo adicional del financiamiento por nuevos títulos que llegaban a pagar intereses del 15 % en dólares y comisiones para los bancos intervinientes de 152 millones de dólares (por lo cual el actual presidente del Banco Central se encuentra procesado). Así se realizaba el ciclo completo del endeudamiento argentino: toma de crédito con fines especulativos, apertura económica, ajuste fiscal y destrucción de la capacidad productiva nacional, bancarrota de las cuentas públicas y refinanciación para toma de nuevo crédito especulativo. La matemática de la dependencia consiste en el más formidable mecanismo de usura que haya conocido el mundo: se paga una y otra vez el capital original, se multiplican los intereses y se destina todo el esfuerzo nacional al bolsillo de los grandes bancos extranjeros.
La cadena neocolonial volvió a romperse con los gobiernos de Nestor y Cristina Kirchner, en los cuales se negoció una quita del 66 % sobre el monto total de la deuda, se independizó al país de la tutela económica del FMI y se presidió la etapa de mayor crecimiento económico de la historia argentina impulsando una fuerte distribución del ingreso nacional. El peso de la deuda pública total en dólares pasó de ser el 140 % del PBI en 2002 al 40 % en 2014. El proceso de restructuración y quita de deuda de la Argentina ha sido el más exitoso de la historia y contó con el respaldo de 136 países integrantes de la ONU que emitieron en septiembre último una resolución a favor de la existencia de un marco jurídico internacional que fortalezca la posición de los Estados en la restructuración de su deuda soberana. La posición asumida por la Argentina se convirtió en la esperanza de muchos países agobiados por su deuda.
Es en este contexto que hay que interpretar al absurdo fallo del juez Griesa y la embestida de los fondos buitres contra la Argentina, que exigen la humillante derogación de leyes soberanas para que los especuladores tengan una rentabilidad del 1600 % sobre títulos que compraron defaulteados a valores irrisorios. Pero su finalidad principal es dejarle en claro al mundo que ningún país periférico puede desafiar al poder financiero internacional. Y ésta es la principal tarea del gobierno de Mauricio Macri. La brutal devaluación del 60 % perpetrada a los pocos días de asumido el nuevo gobierno con su correlato inflacionario, la eliminación de las retenciones como mecanismos genuinos de recaudación fiscal y de emparejamiento de las ventajas competitivas de los sectores agrícola e industrial, la suba de tasas de interés, la apertura indiscriminada a las importaciones, la liberación de los mercados cambiarios y financieros y los despidos que en dos meses ya suman más de medio punto de la PEA han generado un escenario catastrófico que Macri quiere adjudicar a la “pesada herencia” pero que no es más que una crisis económica autoinducida con la finalidad de convencernos de que la única salida que tiene la Argentina es volver a la senda del endeudamiento y la dependencia. Nada nuevo bajo el sol para los que tengan memoria.
Pero la matemática de la dependencia no arroja sus mágicos resultados de rentabilidad financiera sin antes lograr políticamente dividir por tres lo que sólo es divisible por dos. En este asunto, que compete directamente a la soberanía nacional, no hay lugar para ficticias terceras posiciones. O se está de un lado o se está del otro. Quienes busquen réditos políticos o personales facilitando la derogación de la ley cerrojo y abriendo la puerta a la rapiña financiera internacional se ganarán, más temprano que tarde, el repudio del pueblo argentino. Quienes especulen con recibir algún beneficio para sus provincias a cambio de facilitar el tratamiento de esta ley deberían recordar que en un país quebrado no hay provincias prósperas. Sólo la unidad política de las fuerzas populares puede impedir que la Argentina ingrese nuevamente en la larga noche del coloniaje. Es lo mínimo que puede esperarse de (y exigirse a) la dirigencia política nacional.